El patriarcado es el conjunto de relaciones sociales entre los varones, relaciones que, si bien son jerárquicas, establecen vínculos de interdependencia y solidaridad entre ellos para dominar a las mujeres.

Heidi Hartmann

Pocos días antes del confinamiento obligatorio a causa de la pandemia, por Covid-19, que se llevó a cabo la marcha del movimiento M8 a nivel mundial, el día 8 de marzo de 2020, cuando las mujeres de todo el mundo salieron a marchar y manifestarse en contra del feminicidio, fue épica la presencia de millones en las calles que incomodó a no pocos gobernantes e instituciones y no es casualidad que así haya sido pues la violencia en contra de las mujeres estaba lejos de terminar, al contrario.

En 1975, la activista Diana Russell, organizó el primer Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. Representantes de diferentes países, ofrecieron conferencias testimoniales sobre las diferentes formas de violencia ejercida contra ellas. Se dijo entonces que la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión son variables que se trasmiten culturalmente y favorecen la violencia hacia el género femenino.

En sus trabajos publicados Russell, estableció el término feminicidio, para definir el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, a causa de la supremacía histórica patriarcal como un mecanismo de control, sujeción, opresión, castigo y agresión dañina que a su vez genera poder para los hombres. Las motivaciones de los asesinos, según la autora son: son ira, odio, celos y la búsqueda de placer.

En México, la escritora, política y activista Marcela Lagarde, ha logrado que la sociedad visibilice a la mujer desde la perspectiva de género para evitar la negación de su existencia. Ha conseguido que el término feminicidio se aceptara por la necesidad fundamental de darle un reconocimiento simbólico y político a las muertes de las mujeres, sobre todo por el antecedente de aquellos casos anteriormente atribuidos a “crímenes pasionales” y de violencia sexual implícita que no se investigaban debidamente y quedaron en impunidad. Por ello, desde 2012 se reformó el código penal y se creó como delito y los asesinos tienen sentencias de 40 a 60 años de cárcel. A partir de 2015, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como presunción de feminicidio.

Marcela Lagarde junto con las organizaciones de feministas en México, ha declarado que el Estado es una parte fundamental del problema porque el sistema legal no protege lo suficiente a las mujeres. En sus abundantes publicaciones y conferencias sobre el tema, Lagarde ha explicado que para la mujer, hay más exigencias y menos reconocimientos, por ello se hace necesario exigir su derecho a la libertad, a la justicia, a la independencia social y a la igualdad económica.

A pesar de los logros legales, estos crímenes de odio tienen cifras aterradoras en nuestro país, que siguen en aumento. Para empezar las mujeres representan el 51% de la población y se calcula que diez son asesinadas a diario. Según cifras del INEGI en 2019 fueron 966 y con la aparición de la pandemia de Covid-19 en 2020, fueron 969. Este incremento fue debido al confinamiento que hizo visibles las desigualdades de género, y la convivencia al interior de los hogares desató la violencia contra las mujeres, entre otras. Los homicidios en su mayoría fueron de jóvenes entre 20 y 29 años.

El 68% de los feminicidios denunciados fueron perpetrados por personas que tenían un parentesco con las víctimas. El 30% ocurrieron dentro de los hogares. Estos datos fueron registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP y recopilados a través el número telefónico 911 de llamadas de auxilio, donde también se reciben todo tipo de denuncias y solicitudes de ayuda. Esta institución ha reconocido que la agresión hacía las mujeres es hasta un 65% mayor que la de hombres.

La estrategia del Gobierno de México, después de la denuncia y con el fin de prevenir los feminicidios ha sido generar acompañamiento después de la llamada de emergencia, dar servicio médico, asesoría legal, atención psicológica y el refugio en los Centros de Atención Extrema cae, ubicados en los diversos estados de la República. Sin embargo, nada de esto ha evitado los crímenes.

A través de la historia de México los feminicidios han ocurrido y al mismo tiempo han quedado impunes. Tenemos que recordar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que sumaron más de 300 solo en la década de 1993 a 2003. Fueron mujeres jóvenes, pobres, migrantes, discriminadas, con trabajos en turnos nocturnos y cuyos crímenes se caracterizaron por la extrema tortura y la violación sexual.

Sus cuerpos fueron encontrados tirados como si fueran basura o deshechos en el desierto de Chihuahua. Aquellas mujeres a quienes la vida les fue arrancada llamaron la atención y se conoció entonces que la violencia no solo prevalece en el hogar de las víctimas. Se supo de grupos armados, policías corruptos, transportistas y tratantes de personas, que atentan contra la vida de las mujeres en todo el país.

Ante la negligencia de las autoridades, se crearon organizaciones no gubernamentales de madres y familiares de las asesinadas quienes han salido a buscar los restos de sus hijas. Han sido juzgadas por la sociedad por su presunta negligencia en la protección de las jóvenes y por si fuera poco la procedencia legal de sus casos sigue sin solución. En 2008 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, obligó al gobierno de México a reconocer como feminicidio al asesinato de las mujeres de Ciudad Juárez y a actuar en consecuencia legal.

Además de los múltiples abusos en contra de las mujeres, existen aquellas que han sido mutiladas corporalmente o las que se ven forzadas bajo maltrato a delinquir y a pesar de todo, han sobrevivido. En ocasiones buscan justicia y algunas han tenido un éxito parcial pues el feminicida pocas veces es justamente castigado y son otras mujeres las que pagan por los delitos de complicidad involuntaria y se encuentran privadas de su libertad. En las prisiones las mujeres son abandonadas por sus familiares, sus procesos legales se encuentran interrumpidos por una red de instituciones corruptas que las acusa y victimiza varias veces. La denuncia de los delitos en contra de las mujeres es necesaria y hace falta que se active legalmente.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, México y otros países donde el índice de feminicidios es elevado, los gobiernos deben tomar medidas en contra de estos crímenes y comenzar por cambiar la cultura patriarcal normalizada y desarrollar de programas de prevención y salud mental. En la sociedad debemos sensibilizarnos en contra de la violencia a la que nos hemos acostumbrado y las instituciones deben dirigir recursos materiales para que las mujeres tengan una buena calidad de vida. Mejorar el urbanismo para promover la seguridad de las calles y políticas penitenciarias que protejan a las víctimas.

En Memorial San Ángel, reprobamos enérgicamente la violencia hacia todas las personas. Creemos en el respeto a los derechos humanos, la empatía y la sororidad. El apoyo de la sociedad y entre mujeres es necesario para vencer al cáncer colectivo que representa  la violencia de género. Con esta firme condena hacia lo que nos duele como sociedad, te recordamos que estamos contigo hasta el final.